Graves irregularidades en la Policía local complican al intendente Garro

Desde diciembre de 2015, Asuntos Internos detectó faltas graves a la normativa en el cumplimiento del servicio de Policía Adicional en la fuerza que conduce el Municipio platense. 81 fueron desafectados. Avanzarán sobre los responsables en la Secretaría de Seguridad

La fuerza policial que depende políticamente del gobierno municipal de La Plata, encabezado por el intendente Julio Garro, tiene a 116 de sus integrantes sancionados por cometer graves irregularidades con el servicio de Policía Adicional (Polad), informaron fuentes oficiales. Los datos corresponden al período que va desde diciembre de 2015 hasta la actualidad.

De los 116 sancionados, 81 fueron desafectados y desde Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia avanzan con una investigación en la que se sospecha podrían quedar involucrados en circuitos de recaudación ilegal coordinadores, jefes policiales y funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio, que conduce Darío Ganduglia. 

Se trata de un funcionario a quien Garro le amplió funciones a principios de año. Concretamente, siendo el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Comuna, absorbió las funciones de la Secretaría de Seguridad tras la salida de Daniel Piqué, el excomisario que tuvo que renunciar tras haber quedado imputado en la causa judicial en la que se investiga la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curí, ocurrida el 1º de enero del año pasado durante una fiesta clandestina realizada en la localidad de Melchor Romero.

En rigor, pese a que desde lo formal Piqué dejó de ser funcionario, mantendría vínculos con Ganduglia y con Garro, y también continuaría teniendo influencia dentro de la Secretaría a tal punto que prácticamente todos los funcionarios que él mismo designó siguen en actividad. Tal el es caso de su esposa, Mariana Palmieri, que cumple la función de enlace entre Seguridad y el área de Desarrollo Social, y del subsecretario del área, Carlos Mariescurrena.

Sanciones

Entre las razones por las que fueron sancionados agentes de la Policía Local figura el cumplir la asignación de custodia de edificios públicos u otros objetivos con uniformes de la Bonaerense.

Es que de acuerdo a la normativa vigente, los agentes de la Local solo pueden hacer Polad en dependencias municipales, escuelas o centros comerciales. Por lo que cuando cumplen ese servicio de vigilancia en otros lugares se cambian el uniforme, cometiendo una falta grave.

Otra de las irregularidades detectadas por los auditores de Asuntos Internos fue que efectivos de la Policía Local de La Plata van a otros distritos a hacer Polad y, además, se identificaron casos en los que se miente con la cantidad de agentes que efectivamente cumplen con el servicio.

Uno de los instructores de Asuntos Internos detalló que “hay casos en los que en el contrato con la entidad solicitante se acuerda que 50 agentes deben custodiar el objetivo, pero luego ese trabajo es realizado por 30, a pesar de que se pague por la totalidad de lo convenido”.

En el circuito ilegal las autoridades de Asuntos Internos advirtieron también que varios agentes de la Local fueron engañados por sus superiores. “Los mandan a recorrer centros comerciales como si se tratara de una jornada laboral común, y luego, con firmas truchas, presentan planillas como que efectuaron Polad y ese dinero se lo quedan los jefes”, explicó uno de los pesquisas administrativos del organismo de control. Un gran porcentaje de los 116 sancionados recibieron la suspensión de 60 días.

El caso del oficial Ojeda en la Primera

La investigación por las presuntas maniobras con el servicio de Policía Adicional (Polad) en la comisaría Primera, detectadas tras una inspección de Asuntos Internos el 1º de septiembre pasado, puso la lupa en el oficial de la Policía Local que cumplía la función de coordinador sobre integrantes de la Bonaerense.

Se trata de Cristian Arnaldo Ojeda, uno de los nueve desafectados luego del hallazgo de unos 800.000 pesos en una caja fuerte de la seccional mencionada, sobre quien, de manera sorpresiva, se descubrió que era oficial de la Policía Local.

¿Qué hacía un integrante de la fuerza que depende del Municipio platense en tareas de control y supervisión de efectivos de la Policía provincial? Ese es el interrogante que intentarán responder los auditores de Asuntos Internos que llevan adelante la instrucción administrativa, y cuyo aporte será clave para la pesquisa que encabeza en la Justicia penal el titular de la UFI nº 3, Marcelo Martini.

Avanza la causa por adicionales en el Estadio Único

En el marco de la investigación que se inició el 10 de septiembre pasado, tras el partido de fútbol de Estudiantes contra Defensa y Justicia en el Estadio Único, donde Asuntos Internos detectó presuntas irregularidades en el pago del servicio de Polad, el superintendente de la región capital, Marcelo Corbalán, dispuso sancionar a los 166 uniformados que se ausentaron.

Ahora, Corbalán le pasará el listado de los agentes que no asistieron a cumplir con su labor a la Auditoría General de Asuntos Internos que conduce Guillermo Berra. Una vez que Asuntos Internos tenga los nombres de los funcionarios policiales sancionados, se procederá a citarlos para que presten declaración testimonial.

Los investigadores pretenden saber si realmente habían sido convocados e indagar sobre las posibles maniobras delictivas con los fondos públicos.

En aquel espectáculo deportivo, el Centro de Operaciones Policiales (COP) determinó que eran necesarios 490 efectivos policiales para garantizar la seguridad, y por esa cantidad de uniformados se le cobró a Estudiantes la suma de $235.200.

Mientras se desarrollaba el encuentro, auditores de Asuntos Internos se presentaron para controlar el procedimiento y advirtieron que de los 490 agentes, solo 324 cumplieron el trabajo para el cual se habían comprometido. Ante esta situación, el comisario de la Undécima, a cargo del operativo, resolvió devolver unos $80.000 a las arcas de la entidad deportiva.

¿Los procesarán por asociación ilícita?

Ahora, desde Asuntos Internos fijaron la investigación sobre los coordinadores de las Polad, tanto de la Policía Local como de la Secretaría de Seguridad municipal, ya que entienden que ellos son protagonistas de hechos delictivos al malversar fondos públicos. Si logran obtener elementos de prueba, la pesquisa puede derivar en una causa penal por el delito de asociación ilícita.

Como se recordará, para el pago de las Polad desde abril del año pasado, el gobierno bonaerense estableció que para el servicio de categoría 1 (espectáculos o reuniones públicas, hospitales y demás organismos centralizados o descentralizados de la administración pública provincial), el valor de la hora sea de $88.

Para el servicio de categoría 2 (bancos, instituciones de créditos o locales en que se guarden valores), el monto a pagar por hora Polad es de $120.

En tanto, para el servicio de categoría 3 (acompañamiento de pagadores, recaudadores y todo traslado de valores y seguridad de personas o bienes no comprendidos en los incisos anteriores), el valor es de $145.

Al respecto, se destaca que se hallaron irregularidades en las categorías especificadas. “Hacen figurar una por la que se paga más para recaudar dinero extra de manera ilegal”, explicó el instructor de Asuntos Internos.

 

Fuente: Diario Hoy

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